La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) calculó que el desempleo en España va a seguir subiendo hasta el 23 % (la tasa media para el conjunto de 2012 será del 22,9 % tras el 21,5 % en 2011) y disminuirá muy lentamente a partir de 2013 (22,7 % de media anual).
Esa evolución deriva en parte de la reducción del empleo público en todos los niveles de la administración para cumplir los objetivos de déficit público, que la OCDE asume que se tienen que cumplir: un 4,4 % del PIB en 2012 y un 3 % en 2013.
La OCDE, en su informe semestral de perspectivas, dejó su previsión de aumento del Producto Interior Bruto (PIB) español para 2011 dos décimas por debajo de lo que ella había anticipado en mayo y una menos de lo que espera el Gobierno.
Los autores del informe, que coinciden en ese punto con las últimas cifras presentadas este mismo mes por la Comisión Europea, son, sin embargo, más pesimistas para 2012 que Bruselas (que auguraba un 0,7 % de crecimiento).
Los nuevos datos también son mucho más negativos que las propias previsiones de la OCDE de mayo, que situaban el incremento del PIB en el 1,6 %. Para 2013, el informe anticipa una tímida recuperación del PIB del 1,3 %.
Detrás de esa corrección está la constatación de que la economía española se paró en el tercer trimestre y que la actividad se puede estar reduciendo en el cuarto, en un contexto en que el incremento de la prima de riesgo que se paga por la deuda pública está trasladándose al sector privado con un deterioro de las condiciones de financiación.
La continuada baja de los precios de la vivienda está afectando a las cuentas de los bancos, particularmente expuestos al negocio inmobiliario y las perspectivas de exportación de las empresas han empeorado ante la ralentización global, en particular en la zona euro.
Uno de los pocos elementos relativamente positivos de la predicción es una moderación de la inflación, que pasaría del 3 % de media este año al 1,4 % en 2012 y al 0,9 % en 2013. Igualmente una contención del déficit por cuenta corriente desde el 4 % del PIB este ejercicio al 2,3 % en 2012 y al 2 % en 2013.
La OCDE advirtió de que un alza suplementaria de la prima de riesgo española, que dificultaría todavía más la financiación de la economía y prolongaría la crisis inmobiliaria podría tener un impacto "sustancial" sobre el conjunto de la actividad.
No ha cifrado de forma desglosada para España ese escenario negativo que considera posible, pero para el conjunto de la zona del euro, si se produjera la hipótesis de un colapso en la crisis de la deuda, aventura que una recesión con un bajón de su PIB en torno al 2 % en 2012 y otro tanto en 2013, en lugar de una subida del PIB del 0,2 % y del 1,4 %, respectivamente, en los dos próximos años.
Pero lo que sí ha hecho ha sido identificar una serie de medidas específicas para España con las que tendría que responder en caso de que se materializara esa amenaza de recesión, y en primer lugar más ajuste fiscal, lo que podría pasar por un aumento del IVA y de las tasas sobre el carburante y por el impuesto de sucesiones.
Dentro del dispositivo también apuesta por la implantación de una regla de gasto para las comunidades autónomas, y por una reforma laboral que permita a las empresas sustraerse de la negociación colectiva para fijar los salarios, pero también un abaratamiento del despido al menos para los nuevos contratos fijos, en un proceso que la OCDE aconseja hacia un contrato único.
Esa evolución deriva en parte de la reducción del empleo público en todos los niveles de la administración para cumplir los objetivos de déficit público, que la OCDE asume que se tienen que cumplir: un 4,4 % del PIB en 2012 y un 3 % en 2013.
La OCDE, en su informe semestral de perspectivas, dejó su previsión de aumento del Producto Interior Bruto (PIB) español para 2011 dos décimas por debajo de lo que ella había anticipado en mayo y una menos de lo que espera el Gobierno.
Los autores del informe, que coinciden en ese punto con las últimas cifras presentadas este mismo mes por la Comisión Europea, son, sin embargo, más pesimistas para 2012 que Bruselas (que auguraba un 0,7 % de crecimiento).
Los nuevos datos también son mucho más negativos que las propias previsiones de la OCDE de mayo, que situaban el incremento del PIB en el 1,6 %. Para 2013, el informe anticipa una tímida recuperación del PIB del 1,3 %.
Detrás de esa corrección está la constatación de que la economía española se paró en el tercer trimestre y que la actividad se puede estar reduciendo en el cuarto, en un contexto en que el incremento de la prima de riesgo que se paga por la deuda pública está trasladándose al sector privado con un deterioro de las condiciones de financiación.
La continuada baja de los precios de la vivienda está afectando a las cuentas de los bancos, particularmente expuestos al negocio inmobiliario y las perspectivas de exportación de las empresas han empeorado ante la ralentización global, en particular en la zona euro.
Uno de los pocos elementos relativamente positivos de la predicción es una moderación de la inflación, que pasaría del 3 % de media este año al 1,4 % en 2012 y al 0,9 % en 2013. Igualmente una contención del déficit por cuenta corriente desde el 4 % del PIB este ejercicio al 2,3 % en 2012 y al 2 % en 2013.
La OCDE advirtió de que un alza suplementaria de la prima de riesgo española, que dificultaría todavía más la financiación de la economía y prolongaría la crisis inmobiliaria podría tener un impacto "sustancial" sobre el conjunto de la actividad.
No ha cifrado de forma desglosada para España ese escenario negativo que considera posible, pero para el conjunto de la zona del euro, si se produjera la hipótesis de un colapso en la crisis de la deuda, aventura que una recesión con un bajón de su PIB en torno al 2 % en 2012 y otro tanto en 2013, en lugar de una subida del PIB del 0,2 % y del 1,4 %, respectivamente, en los dos próximos años.
Pero lo que sí ha hecho ha sido identificar una serie de medidas específicas para España con las que tendría que responder en caso de que se materializara esa amenaza de recesión, y en primer lugar más ajuste fiscal, lo que podría pasar por un aumento del IVA y de las tasas sobre el carburante y por el impuesto de sucesiones.
Dentro del dispositivo también apuesta por la implantación de una regla de gasto para las comunidades autónomas, y por una reforma laboral que permita a las empresas sustraerse de la negociación colectiva para fijar los salarios, pero también un abaratamiento del despido al menos para los nuevos contratos fijos, en un proceso que la OCDE aconseja hacia un contrato único.
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