Baltasar Garzón, aunque goza de la
simpatía de la mayoría de los ciudadanos de a pie, puede que sea el
español que más enemigos se haya creado en las últimas décadas en los
mundos del hampa y de la política. No en vano se convirtió en el juez
estrella que, con muchos aciertos y algunos clamorosos desaciertos,
persiguió implacablemente las injusticias sin importarle que los
presuntos delincuentes fuesen etarras, narcotraficantes, políticos
socialistas (por los casos GAL y FILESA), o dictadores fallecidos
(Franco) o de edad avanzada (caso Pinochet). Pero cuando se consideró
competente para investigar la trama GÜRTEL, un caso de corrupción masiva
que afecta directamente al partido que ahora nos gobierna, se levantó
la veda y la derecha más reaccionaria de este país, bajo la batuta de
Federico Trillo, se lanzó directamente a su yugular con decenas de
denuncias infundadas para laminar su prestigio y crear un halo de dudas
sobre su honestidad. Muchas de ellas fueron archivadas por el Consejo
General del Poder Judicial, pero la presentada precisamente por el
abogado defensor de uno de los cabecillas recibió el “amparo” de la
justicia, y consiguió salir adelante con el respaldo de un contubernio
formado por el sector más de izquierdas del T.S., ávido de venganza, y
la extrema derecha incrustada en el PP; un pacto antinatura con un
objetivo común: acabar con el crédito del magistrado.
Hoy Garzón se sienta por primera vez en
el banquillo de los acusados, en esta ocasión imputado por un delito de
prevaricación por el que se solicita una pena de 17 años de
inhabilitación para el ejercicio de su profesión. Curiosamente Correa se
encuentra personado como acusador particular, y como contrapunto el
Ministerio Fiscal solicitará su libre absolución. Se le acusa de haber
grabado de forma ilegal las conversaciones entre los cabecillas de la
Gürtel y sus abogados, sin tener en cuenta que con ello se pretendía
evitar la desaparición de pruebas y que la decisión de Garzón -que hacía
referencia a las comunicaciones en general- fue respaldada por el
Fiscal y otros Magistrados que posteriormente se hicieron cargo de la
investigación. Pero aquí, de lo que se trata, no es de hacer justicia,
sino de hundir definitivamente en el fango al Juez Garzón.
Seguiremos como mucha atención las
vicisitudes por las que transcurrirá este artificial y extraño proceso
judicial, sin olvidarnos, de que de lograrse una sentencia de condena,
el siguiente paso del Partido Popular irá encaminado a tratar de
declarar la nulidad del caso Gürtel, bajo el pretexto de que la
instrucción inicial se encontraba contaminada por un juez que ha sido
condenado por prevaricación. Será una manera de “legalizar” la
corrupción masiva de nuestra derecha, algo que parece no importarle a la
mayoría de los españoles, a juzgar por los últimos resultados
electorales.
Hoy la justicia comienza a jugarse su última oportunidad para no caer en
la degradación más absoluta. Un país sin justicia, sin principios, sin
ética, es un país en decadencia y sin futuro. ¿Queremos eso?.
Arropado por decenas de ciudadanos que pedían justicia, acompañado por los funcionarios con los que trabajó en su último destino, y respaldado por un nutrido grupo de jueces y fiscales que creen en su inocencia, Baltasar Garzón entraba esta mañana sonriente y preocupado en el Tribunal Supremo, para ser juzgado por haber tenido la osadía de investigar una trama de corrupción política que ha crecido a la sombra del PP, y para defenderse de las acusaciones que contra él vierten quienes llevan más de 3 años en la cárcel por los graves delitos de los que son acusados. En la Sala se sientan los cinco magistrados que le van a juzgar, entre los que curiosamente se encuentran los instructores de las otras dos causas pendientes de enjuiciamiento, Luciano Varela y Manuel Marchena, los que con su presencia contaminan la imparcialidad que debe de presumirse en la actuación de un Tribunal de Justicia; un juez no solo debe de ser imparcial, sino también aparentarlo, por lo que ambos magistrados deberían de haberse abstenido de actuar, pero el corporativismo les ciega y no quieren perderse la oportunidad de colaborar en su “linchamiento político y corporativo“, como así definía Gaspar Llamazares esta pantomima judicial.
Como era de prever no fueron admitidas las nuevas recusaciones planteadas por el letrado de la defensa contra estos dos magistrados, y se mantuvo el rechazo a la práctica totalidad de las pruebas propuestas. No es entendible que pueda calificarse de irrelevante la declaración de los magistrados y fiscales que respaldaron las escuchas, que podrían aportar muchas luces para comprender los motivos que les impulsaron a hacerlo; quizás es una manera de evitar el sonrojo de quienes le juzgan, a costa de colocar al juez Garzón en una situación de indefensión.
Garzón declaró por la tarde, para lo que tuvo que despojarse de la toga y descender al “banquillo de los acusados”; y, en contra de lo que se preveía, contestó a los abogados de las acusaciones. Y lo hizo con coraje y convicción, justificando su decisión en que se tenía la sospecha fundada de que desde la cárcel los acusados daban órdenes para ocultar pruebas y desviar el dinero depositado en bancos suizos, y con ello contribuían a dificultar la labor investigadora;y tal parece que el tiempo le ha dado la razón, ya que alguno de los letrados, cuyas conversaciones habían sido grabadas, están actualmente acusados por blanqueo de dinero, entre otros delitos.
Baltasar Garzón se ampara, para justificar su actuación, en el art. 51 de la Ley General Penitenciaria, que en su apartado 2º admite la posibilidad de que “las comunicaciones de los internos con el abogado defensor … no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo“. Curiosamente este precepto fue calificado en su día por el juez instructor de esta causa como “farragoso, contradictorio, zigzagueante, opaco, laberíntico“, y por ello de difícil interpretación; pero tal circunstancia en modo alguno justifica que un juez que se apoya en su contenido pueda ser acusado de prevaricador. No debemos de olvidar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido que, en ocasiones extraordinarias, los jueces pueden intervenir conversaciones entre presos y abogados, porque no cabe instrumentalizar la profesión de abogado para la comisión de delitos. Desde el momento en que un letrado delinque al convertirse en cómplice o encubridor de su cliente, se extralimita en su función de defensa y pierde el amparo legal.
Mañana tendrá lugar la segunda sesión de esta parodia judicial, que desde el exterior de nuestro país se observa como insólita, sorprendente y asombrosa. Nadie se puede creer que el juez defensor de los derechos humanos, que fue capaz de perseguir por medio mundo a Pinochet, sea ahora perseguido por la “justicia” por instruir una causa político-criminal con poderosas influencias en el poder judicial por parte de sus componentes.
Garzón en el banquillo de los acusados por el caso Gürtel – 3ª parte: declaran los testigos (18-1-12)
Hoy tocaba el turno a los testigos propuestos por la defensa y la acusación, y de inicio pudimos asistir a una escena insólita, pero admisible procesalmente, como fue la declaración como testigo de Ignacio Pelaez, autor de la querella presentada contra Garzón y que motivó la incoación de las actuaciones penales que ahora se enjuician, abogado de la acusación en su condición de letrado de José Luis Ulibarri (directamente implicado en el caso Gürtel), y exfiscal de la Audiencia Nacional en la que coincidió con Baltasar Garzón. En otras circunstancias podría sorprender ver como un abogado, que ejerce la acusación, es interrogado por el abogado de la defensa, pero en esta causa todo es posible y nada resulta extravagante; eso sí tuvo que despojarse de la toga para declarar. No creemos que exista malicia en este truco procesal, sino más bien un interés de la defensa para traer al juicio a quien -como expresamente reconoció- se reunió en la cárcel en diversas ocasiones con Francisco Correa y Pablo Crespo, a pesar de no ser su abogado, y sin ponerlo en conocimiento del juez instructor. Si no eran sus clientes, ¿qué estrategia de defensa pretendía preparar con ellos?, ¿la de su cliente José Luis Ulibarri, que afirma no tener relación alguna con la trama Gürtel?. Preguntas sin respuesta, pero que albergan serias dudas sobre las verdaderas intenciones de las frecuentes visitas de algunos letrados.
Quizás lo más relevante de la declaración de Ignacio Peláez, sea la circunstancia de que no ha podido confirmar que el juez instructor hubiese utilizado ilegalmente el contenido de las conversaciones intervenidas: “no tengo datos”, manifestó.
La jornada de hoy, ha sido probablemente la más importante para demostrar la inocencia de Baltasar Garzón. Y en este sentido, es importante destacar la declaración de un inspector de la Unidad de Delincuencia Económica, testigo de la acusación y de la defensa, que ha confirmado que Garzón les había ordenado “prevenir el derecho de defensa” de los implicados en la trama Gürtel, y que corroboró la versión dada en el día de ayer por el acusado, sobre la necesidad de establecer las escuchas para impedir que el blanqueo siguiera consumándose a través de los abogados Manuel Delgado y José Antonio López Rubal, aclarando que solo se enviaba al juez “lo que a nuestro juicio tenía que ver con el objeto de lo que se estaba investigando”, preservando en todo momento la privacidad de los cabecillas de la trama. La firme y coherente declaración de este testigo demuestra sin género de dudas que determinados letrados actuaban en complicidad con los detenidos, al ocultar pruebas de cargo y blanquear el dinero de origen ilícito, procedente de las comisiones recibidas por las adjudicaciones irregulares.
Llegado a este punto, y de tener los magistrados de la Sala la convicción de que los abogados se escondían detrás de la toga para ejercer como delincuentes, nos preguntamos si serán capaces de condenar al Juez Garzón, creando un precedente en nuestra jurisprudencia que permitiría conceder una patente de corso a todos los letrados de este país para convertirse impunemente en cómplices y encubridores de las fechorías de sus clientes, sin miedo a ser descubiertos, conscientes de que ningún juez se atreverá a investigarles por miedo a que pueda ser acusado de prevaricador, como le ocurre ahora al Juez Garzón. Intuyo que los magistrados que ahora le juzgan, se han metido ellos solos en un callejón sin salida que no se esperaban.
Para mañana está prevista la práctica de la prueba documental y la escucha a puerta cerrada de determinados fragmentos de las grabaciones. Por lo que es previsible que esta misma semana el juicio quede visto para sentencia. Por el momento se está poniendo muy interesante, y cada día que pasa la figura de Baltasar Garzón se encuentra más reforzada, y por el contrario se debilita la de quienes le acusan injustamente con el insólito y vergonzante respaldo del T.S.
Garzón en el banquillo de los acusados por el caso Gürtel – 2ª parte: comienza el espectáculo (17-1-12)
Arropado por decenas de ciudadanos que pedían justicia, acompañado por los funcionarios con los que trabajó en su último destino, y respaldado por un nutrido grupo de jueces y fiscales que creen en su inocencia, Baltasar Garzón entraba esta mañana sonriente y preocupado en el Tribunal Supremo, para ser juzgado por haber tenido la osadía de investigar una trama de corrupción política que ha crecido a la sombra del PP, y para defenderse de las acusaciones que contra él vierten quienes llevan más de 3 años en la cárcel por los graves delitos de los que son acusados. En la Sala se sientan los cinco magistrados que le van a juzgar, entre los que curiosamente se encuentran los instructores de las otras dos causas pendientes de enjuiciamiento, Luciano Varela y Manuel Marchena, los que con su presencia contaminan la imparcialidad que debe de presumirse en la actuación de un Tribunal de Justicia; un juez no solo debe de ser imparcial, sino también aparentarlo, por lo que ambos magistrados deberían de haberse abstenido de actuar, pero el corporativismo les ciega y no quieren perderse la oportunidad de colaborar en su “linchamiento político y corporativo“, como así definía Gaspar Llamazares esta pantomima judicial.
Como era de prever no fueron admitidas las nuevas recusaciones planteadas por el letrado de la defensa contra estos dos magistrados, y se mantuvo el rechazo a la práctica totalidad de las pruebas propuestas. No es entendible que pueda calificarse de irrelevante la declaración de los magistrados y fiscales que respaldaron las escuchas, que podrían aportar muchas luces para comprender los motivos que les impulsaron a hacerlo; quizás es una manera de evitar el sonrojo de quienes le juzgan, a costa de colocar al juez Garzón en una situación de indefensión.
Garzón declaró por la tarde, para lo que tuvo que despojarse de la toga y descender al “banquillo de los acusados”; y, en contra de lo que se preveía, contestó a los abogados de las acusaciones. Y lo hizo con coraje y convicción, justificando su decisión en que se tenía la sospecha fundada de que desde la cárcel los acusados daban órdenes para ocultar pruebas y desviar el dinero depositado en bancos suizos, y con ello contribuían a dificultar la labor investigadora;y tal parece que el tiempo le ha dado la razón, ya que alguno de los letrados, cuyas conversaciones habían sido grabadas, están actualmente acusados por blanqueo de dinero, entre otros delitos.
Baltasar Garzón se ampara, para justificar su actuación, en el art. 51 de la Ley General Penitenciaria, que en su apartado 2º admite la posibilidad de que “las comunicaciones de los internos con el abogado defensor … no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo“. Curiosamente este precepto fue calificado en su día por el juez instructor de esta causa como “farragoso, contradictorio, zigzagueante, opaco, laberíntico“, y por ello de difícil interpretación; pero tal circunstancia en modo alguno justifica que un juez que se apoya en su contenido pueda ser acusado de prevaricador. No debemos de olvidar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido que, en ocasiones extraordinarias, los jueces pueden intervenir conversaciones entre presos y abogados, porque no cabe instrumentalizar la profesión de abogado para la comisión de delitos. Desde el momento en que un letrado delinque al convertirse en cómplice o encubridor de su cliente, se extralimita en su función de defensa y pierde el amparo legal.
Mañana tendrá lugar la segunda sesión de esta parodia judicial, que desde el exterior de nuestro país se observa como insólita, sorprendente y asombrosa. Nadie se puede creer que el juez defensor de los derechos humanos, que fue capaz de perseguir por medio mundo a Pinochet, sea ahora perseguido por la “justicia” por instruir una causa político-criminal con poderosas influencias en el poder judicial por parte de sus componentes.
Garzón en el banquillo de los acusados por el caso Gürtel – 3ª parte: declaran los testigos (18-1-12)
Hoy tocaba el turno a los testigos propuestos por la defensa y la acusación, y de inicio pudimos asistir a una escena insólita, pero admisible procesalmente, como fue la declaración como testigo de Ignacio Pelaez, autor de la querella presentada contra Garzón y que motivó la incoación de las actuaciones penales que ahora se enjuician, abogado de la acusación en su condición de letrado de José Luis Ulibarri (directamente implicado en el caso Gürtel), y exfiscal de la Audiencia Nacional en la que coincidió con Baltasar Garzón. En otras circunstancias podría sorprender ver como un abogado, que ejerce la acusación, es interrogado por el abogado de la defensa, pero en esta causa todo es posible y nada resulta extravagante; eso sí tuvo que despojarse de la toga para declarar. No creemos que exista malicia en este truco procesal, sino más bien un interés de la defensa para traer al juicio a quien -como expresamente reconoció- se reunió en la cárcel en diversas ocasiones con Francisco Correa y Pablo Crespo, a pesar de no ser su abogado, y sin ponerlo en conocimiento del juez instructor. Si no eran sus clientes, ¿qué estrategia de defensa pretendía preparar con ellos?, ¿la de su cliente José Luis Ulibarri, que afirma no tener relación alguna con la trama Gürtel?. Preguntas sin respuesta, pero que albergan serias dudas sobre las verdaderas intenciones de las frecuentes visitas de algunos letrados.
Quizás lo más relevante de la declaración de Ignacio Peláez, sea la circunstancia de que no ha podido confirmar que el juez instructor hubiese utilizado ilegalmente el contenido de las conversaciones intervenidas: “no tengo datos”, manifestó.
La jornada de hoy, ha sido probablemente la más importante para demostrar la inocencia de Baltasar Garzón. Y en este sentido, es importante destacar la declaración de un inspector de la Unidad de Delincuencia Económica, testigo de la acusación y de la defensa, que ha confirmado que Garzón les había ordenado “prevenir el derecho de defensa” de los implicados en la trama Gürtel, y que corroboró la versión dada en el día de ayer por el acusado, sobre la necesidad de establecer las escuchas para impedir que el blanqueo siguiera consumándose a través de los abogados Manuel Delgado y José Antonio López Rubal, aclarando que solo se enviaba al juez “lo que a nuestro juicio tenía que ver con el objeto de lo que se estaba investigando”, preservando en todo momento la privacidad de los cabecillas de la trama. La firme y coherente declaración de este testigo demuestra sin género de dudas que determinados letrados actuaban en complicidad con los detenidos, al ocultar pruebas de cargo y blanquear el dinero de origen ilícito, procedente de las comisiones recibidas por las adjudicaciones irregulares.
Llegado a este punto, y de tener los magistrados de la Sala la convicción de que los abogados se escondían detrás de la toga para ejercer como delincuentes, nos preguntamos si serán capaces de condenar al Juez Garzón, creando un precedente en nuestra jurisprudencia que permitiría conceder una patente de corso a todos los letrados de este país para convertirse impunemente en cómplices y encubridores de las fechorías de sus clientes, sin miedo a ser descubiertos, conscientes de que ningún juez se atreverá a investigarles por miedo a que pueda ser acusado de prevaricador, como le ocurre ahora al Juez Garzón. Intuyo que los magistrados que ahora le juzgan, se han metido ellos solos en un callejón sin salida que no se esperaban.
Para mañana está prevista la práctica de la prueba documental y la escucha a puerta cerrada de determinados fragmentos de las grabaciones. Por lo que es previsible que esta misma semana el juicio quede visto para sentencia. Por el momento se está poniendo muy interesante, y cada día que pasa la figura de Baltasar Garzón se encuentra más reforzada, y por el contrario se debilita la de quienes le acusan injustamente con el insólito y vergonzante respaldo del T.S.
Garzón en el banquillo de los acusados por el caso Gürtel – 4ª parte: visto para sentencia (19-1-12)
Observo con cierto estupor el silencio
de decenas de magistrados del Tribunal Supremo que están convencidos de
la inocencia del Juez Garzón. Su sigilo puede estar justificado por la
discreción que debe de mantener todo magistrado ante actuaciones de sus
compañeros, pero un gesto no hubiese venido nada mal para salvar la cara
del máximo tribunal, actualmente en entredicho.
Resulta paradójico que la causa se haya
abierto por no haberse respetado el derecho de defensa de unos letrados,
que ahora ya sabemos eran presuntos cómplices de sus defendidos, y sea
el mismo tribunal que le juzga quien lamine el derecho de defensa del
acusado, al denegarle muchas de las pruebas propuestas, y en especial
las testificales de los fiscales y magistrados que consintieron y/o
prorrogaron las medidas adoptadas por el juez Garzón. Los magistrados
hubiesen quedado muy bien si hubiesen rectificado su decisión, acordando
la práctica de esas testificales tras escuchar los relatos de los
agentes de la Unidad de Delincuencia Económica, lo que permitiría
conocer las motivaciones que tuvieron para mantener y consentir la
intervención de las conversaciones de los cabecillas del caso Gürtel
con sus “letrados”, que parece ser iban encaminadas a colaborar en el
blanqueo y evasión de capitales. Y no es bueno, ni decente, ni
justificable la impunidad de la toga.
En todo caso, este juicio ha sido todo
un despropósito, por cuanto no puede calificarse como prevaricación la
interpretación que un juez hace de un precepto legal para justificar la
intervención de unas conversaciones que pueden encubrir actuaciones
delictivas, por muy letrado que sea uno de sus interlocutores. Para eso
está la nulidad de actuaciones, si quien posteriormente debe decidir
considera que las pruebas no se han obtenido por los cauces legales; e
incluso en eso ha existido una evidente discrepancia en el propio
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Pero, como
afirmaba muy recientemente Jorge Trías Sagnier, jurista y exdiputado del
PP, en un excelente artículo, estamos ante un caso de “cacería judicial“,
y viendo sentado a Garzón en el banquillo de los acusados se pregunta:
¿es esto la justicia que tan hermosamente se describe en el Título VI de
la Constitución?.
Suponemos que la escucha de las
grabaciones seleccionadas ya habrá tenido lugar a puerta cerrada, y una
vez que en el día de ayer las partes han dado por reproducida su prueba
documental y elevado sus conclusiones provisionales a definitivas, hoy
le ha correspondido a los abogados de la acusación y la defensa evacuar
el trámite de conclusiones finales. Nada especial han dicho los letrados
de la acusación que no sea analizar, cada uno desde su parcial
posición, el resultado de las pruebas practicadas para tratar de
“convencer” al tribunal de que debe de dictarse una sentencia conforme a
sus peticiones. Tiene razón el letrado Ignacio Peláez cuando afirmó que
“no vale todo“; efectivamente no vale esconderse detrás de la
toga para delinquir, y eso es lo que trataba precisamente de evitar el
Juez Garzón cuando ordenó las escuchas. Por su parte el letrado Pablo
Rodriguez-Mourullo, defensor de Pablo Crespo, estuvo aparentemente
brillante, pero excesivamente técnico, y su intervención parecía más
encaminada a interesar la nulidad de unas grabaciones que justificar la
procedencia de un delito de prevaricación cometido por el juez que las
ordenó; quizás se equivocó de escenario.
El Fiscal, que no acusa, podía haberse
limitado a solicitar la libre absolución del Juez Garzón. Pero ha
querido ir más allá, y se ha convertido en un imparcial abogado
defensor, algo poco común en actuaciones similares, pero posible. Y en
su intervención Antolín Herrero estuvo muy certero cuando analizó los
hechos enjuiciados, poniendo en la balanza los límites entre el derecho
de defensa y el derecho de investigación, alegando el principio de
proporcionalidad para justificar la procedencia de las escuchas ante un
supuesto tan excepcional como era la comisión de un delito de blanqueo
de dinero que se estaba cometiendo por los cabecillas de la trama que
se encontraban en prisión e incomunicados; y con un fino sentido del
humor finalizó su intervención sorprendido por el hecho de que “los letrados intervinientes tengan tantas dudas sobre el estado de derecho en nuestro país y lo pongan todo en cuestión“.
Le siguió en la palabra su compañera Pilar Fernández Valcárcel, que
hizo alusión a que han existido otras investigaciones judiciales en las
que se autorizó la intervención de comunicaciones entre presos y
abogados, citando como ejemplo -entre otros- el caso de Marta del
Castillo.
En la sesión de la tarde ha intervenido
el letrado de la defensa, Francisco Baena Bocanegra, quien muy finamente
ha recordado a la Sala su reciente doctrina sobre el delito de
prevaricación, y después de haber alabado la brillante intervención del
fiscal Herrero, ha recordado el erróneo planteamiento de las
acusaciones, espetándoles en tono irónico: “si empezamos el credo por Poncio Pilatos al que sacrifican ya sabemos quién es“.
Ha mencionado que Garzón estaba obsesionado con el derecho de defensa,
como así han mantenido todos los testigos que declararon en el día de
ayer; y a mayor abundamiento ha recordado el apoyo expreso del
Ministerio Fiscal en la adopción de las medidas. “No se puede pedir un concepto expansivo del derecho de defensa”
afirmó, aludiendo con ello a la actuación del Letrado Ignacio Peláez,
quien visitó a Correa y a Pedro Crespo sin ser su letrado defensor;
reiterando que no existe ningún principio de prueba que acredite que
Garzón actuó incorrectamente. Aludió al hecho de que las resoluciones
por la que se acordó la intervención están motivadas por las peticiones
de la policía, que observaba como el delito de blanqueo de dinero se
continuaba cometiendo, y existía un “riesgo de connivencia“,
requisito exigido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para
permitir la intervención de las conversaciones entre un detenido y su
letrado. Y con gran énfasis ha traído a colación el auto dictado por el
juez instructor de la causa por la muerte de Marta del Castillo, que
ordenó intervenir todas las conversaciones que pudiese mantener el
principal acusado, incluso con sus abogados defensores. Y finalizó
afirmando que “el señor Garzón es un buen juez, en todo el sentido de la palabra“.
Garzón, después de despojarse de nuevo
de la toga, ha bajado del estrado para hacer uso de la última palabra,
afectado por una fuerte ronquera. Y tras pedir un vaso de agua y
adherirse a lo expuesto por los fiscales y por su letrado, ha asumido la
responsabilidad de todas sus decisiones judiciales. “En ningún momento se violentó o se lesionó el derecho de defensa, sino que se protegió”
ha dicho, reiterando lo expuesto en su declaración, y volviendo a
recordar que las las intervenciones eran necesarias para perseguir el
delito de blanqueo de dinero. La Sala le interrumpió en varios
ocasiones, impidiéndole manifestarse libremente, lo que demuestra el
poco respeto hacia el acusado, al que se le veía sensiblemente afectado.
El juicio ha quedado visto para
sentencia. Los magistrados lo tienen muy fácil; complicarlo colocaría a
nuestra justicia en un bochornoso descrédito a nivel mundial. Dicten
cuanto antes una sentencia absolutoria, pasen de puntillas para salvar
su dignidad por el juicio sobre los crímenes del franquismo, y archiven a
la mayor brevedad la tercera causa abierta contra el ahora acusado.
Baltasar Garzón tiene que recuperar cuanto antes su condición de
magistrado en activo. Morir matando no es una buena solución, y el
tribunal que le juzga lo sabe, y se juega mucho; tiene la oportunidad de
pasar página y convertir el lamentable espectáculo que estamos viviendo
en un triunfo de la justicia.
