Se suele decir que el mayor desprecio que un ser humano puede hacer es negar la paternidad de sus obras. Y ni más ni menos eso es lo que ha hecho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien en un prodigio de desmemoria o indocumentación, ha atribuido al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la autoría de los hachazos a los derechos de los trabajadores contenidos en la reforma laboral. Estas afirmaciones han despertado perplejidad e hilaridad en las bancadas opositoras.
La
Vicepresidenta, en una intervención muy subida de tono y a ratos
rozando casi la histeria, ha querido dejar claro que no se va arrugar a
la hora de defender los ataques de su Gobierno a los derechos de los
españoles. Ni siquiera la verdad y el sentido común serán un obstáculo
para seguir –como hoy. Haciendo oposición desde el Gobierno a los
diputados socialistas de la oposición parlamentaria.
Como traía de casa preparada la respuesta a la supuesta
incostitucionalidad de la reforma, y a pesar de que este argumento no
había sido utilizado por la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, Sáenz
de Santamaría no se ha atrevido a salirse del guión, y le ha espetado
una curiosa teoría sobre la legalidad de las medidas: "Constitucional es
hacer efectivo el artículo 135 de la Constitución que reconoce el
derecho al trabajo".
Por lo demás, como es habitual cuando el PP se siente herido, ha
lanzado toda una batería de acusaciones, a cual de más grueso calibre,
contra los socialistas, la herencia, el sino divino y cualquiera que se
ponga al alcance de la “Santa Ira” de la derecha.
Así, Sáenz de Santamaría ha encadenado reproches al Gobierno de
Zapatero, y se ha permitido demagogias como que "el despido más fácil es
el que ha colocado a España en cinco millones de parados".
Estado de Excepción
Evidentemente, ante tales flores dialécticas la oposición,
especialmente el PSOE e IU han cargado en tromba contra las medidas
emprendidas por el Gobierno, que han calificado como "un retroceso
histórico" para los trabajadores comparable incluso con un "estado de
excepción", ante lo cual la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha
replicado que con "descalificaciones y mentiras" no se crean puestos de
trabajo.
La portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, ha
acusado al Gobierno de haber "mentido" reiteradamente sobre una reforma
laboral que ha calificado de "agresiva, injusta y desequilibrada",
Rodríguez ha recordado al Ejecutivo sus "promesas electorales" de
no abaratar el despido y ha acusado al presidente, Mariano Rajoy, de
haber mentido en su debate de investidura y también junto al francés
Nicolas Sarkozy, cuando dijo que la reforma iría en la línea de las
enmiendas que presentó el PP a la anterior reforma del Gobierno
socialista, de las que ahora no hay "ni rastro".
El Gobierno, ha remachado, ha "mentido" también a los
sindicatos, cuando les pidió que negociasen un acuerdo de rentas con los
empresarios y luego ha ignorado ese acuerdo. De este modo, ha concluido
que el Gobierno "sólo ha dicho la verdad en Bruselas" cuando creía que
los micrófonos estaban cerrados: que la reforma sería "muy agresiva" y
que provocaría una huelga.
Sólo el BOE dice la verdad
Pero además, ha afeado a la vicepresidenta las palabras que
pronunció en el Congreso contra la reforma laboral de Zapatero y haber
ocultado el "verdadero alcance" de la reforma en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros que la aprobó. De hecho, le ha
aconsejado que dé las ruedas de prensa los sábados, cuando se puedan
contrastar sus palabras con el BOE publicado.
En concreto, le ha reprochado haber ocultado en esa rueda de
prensa la posibilidad de que los empresarios bajen unilateralmente los
salarios,
El estatuto de los empresarios
Por su parte, el diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares,
ha indicado que los 5,3 millones de parados "no pueden ser la excusa
para un decreto como éste", que es típico de "un estado de excepción" y
que se ha hecho "de manera ilegítima" porque no estaba en el programa
electoral del PP y tampoco se ha negociado con los sindicatos.
Tras preguntarse si la ministra "mintió" a la oposición durante
las semanas en las que fue avanzando detalles sobre la reforma, antes de
su aprobación, Llamazares ha concluido que a Báñez "le han impuesto
esta reforma", que "convierte el estatuto de los trabajadores en el
estatuto de los empresarios".
Báñez ha respondido a estas acusaciones con un brindis al sol
afirmando que la reforma "afronta con seriedad el problema" del paro y
que "más pronto que tarde" servirá para "frenar cuanto antes la
destrucción de empleo y sentar las bases de creación de puestos de
trabajo en el corto plazo".
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